El proceso de
internacionalización de la
empresa española ha
avanzado
satisfactoriamente. Pero las
empresas españolas,
incluso las más grandes,
conocen aún
insuficientemente las
normas jurídicas
internacionales que
enmarcan sus actividades y
como consecuencia de ello,
no consiguen utilizarlas de
manera adecuada ni prever
sus efectos o influir
eficazmente en sus
modificaciones.
La ignorancia respecto a la
Organización Internacional de
Comercio y la indiferencia con
que se acogió todo el proceso
de entrada de China en la OMC
han sido quizá la manifestación
más clara de esta realidad. Se
tuvo que esperar a que sus
efectos fueran evidentes para
descubrir su importancia.
Incluso entre los especialistas,
las grandes firmas de abogados,
el departamento de derecho económico
internacional es o bien
inexistente o bien tiene una
dimensión desproporcionadamente
pequeña. De hecho, parece
aceptarse que este ámbito
siga siendo un coto reservado a
despachos anglosajones (pero
también alguno belga).
Al desconocimiento del derecho
económico internacional va
unido el de la práctica de las
relaciones económicas internacionales
y el de las vías indirectas
o paradiplomáticas para
intervenir en ellas. Se olvida así
que, en una medida considerable,
el peso decisivo de Estados
Unidos en el mundo no resulta
sólo del ejercicio del poder, sino
de formas mucho más sutiles
de influencia ejercidas desde
multitud de centros e institutos
académicos y de producción de
ideas.
Este estado de cosas no tiene
justificación, sobre todo en un
momento en que no es posible
confiar en que desde Europa
nos sacarán las castañas del
fuego. España debe colmar esta
laguna del proceso de internacionalización
de su economía y,
al hacerlo, se le abrirán nuevas
oportunidades, inclusive de
negocio. Hasta ahora, sólo
escasas personas en las
Administraciones públicas, en
las organizaciones empresariales
y en algunas grandes firmas
de abogados, eran conscientes
de ello. Debe saludarse, por
tanto, que la Secretaría de
Estado de Turismo y Comercio
haya decidido impulsar en
Barcelona y Madrid una Cátedra
Internacional OMC/Integración
Regional muy centrada en
temas jurídicos e institucionales
y que el Instituto de Empresa se
haya asociado a la cátedra para
poner en marcha un programa
docente pionero en esta área.
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